La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), junto a Jochi Gómez, presidente de Transcore Latam, y Pedro Padovani, exencargado de Control de Tráfico del Intrant.
Los tres son acusados de liderar un esquema de corrupción relacionado con la red semafórica del Gran Santo Domingo.Esta medida se dicta en el marco de las investigaciones sobre actos ilícitos cometidos en la gestión del sistema de semáforos, donde se señala a los involucrados por presuntamente beneficiarse de contratos irregulares que perjudicaron el buen funcionamiento del tránsito en la capital.
Operación Camaleón
El Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles 2 de octubre, la Operación Camaleón con la que arrestó a siete personas a las que, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de las “Más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
