La Procuraduría General de la República, a través de su Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el país, abriendo alrededor de 15 procesos penales en los últimos meses. Esta operación se ha centrado en la investigación de más de 75 exfuncionarios de la administración actual y de gobiernos anteriores, quienes están acusados de malversar más de 65 mil millones de pesos.
Las acusaciones abarcan una variedad de delitos relacionados con el uso indebido de fondos públicos, lo que ha generado una fuerte reacción de la ciudadanía y de diversos sectores de la sociedad. La magnitud de los montos implicados ha llevado a la Procuraduría a considerar estos casos como prioritarios en su agenda, buscando no solo la sanción de los responsables, sino también restaurar la confianza del pueblo en las instituciones.
