La comunidad de Quisqueya se encuentra consternada tras la denuncia de abuso sexual a una alumna de 13 años en la escuela básica La Siria, donde al menos cinco empleados, entre ellos dos docentes, están involucrados en un escándalo que ha sacudido la región. La madre de la menor y otros familiares han compartido escalofriantes relatos sobre el sufrimiento y el terror que vivió la joven, así como la inacción inicial de las autoridades educativas, que habían ignorado los rumores durante semanas.
Luis Sosa, propietario del terreno donde se halla la escuela y coordinador del plantel durante 14 años, explicó que el 14 de noviembre se realizó una reunión tras la circulación de rumores sobre el presunto abuso. En este encuentro, se cuestionó a uno de los maestros, Alejandro Roberto Bello Matos, quien negó las acusaciones. Desde entonces, Bello Matos ha sido señalado como uno de los principales acusados, mientras que otro docente, Peña Eusebio, ya está bajo custodia policial.
Según relatos de los familiares, la menor habría sido amenazada por los docentes, quienes la mantenían bajo un clima de miedo y coacción, evitando que hablara. “Ella me dijo que lo que pasaba era que ellos la agarraban por el cuello y la obligaban. Estaba atemorizada y no podía decir nada”, confesó la madre, visiblemente conmocionada.
El escándalo comenzó a tomar fuerza cuando los padres de otros alumnos empezaron a alertar sobre el comportamiento inapropiado de los maestros. La madre de la niña se enteró por un primo sobre la situación: “Me dijo que un profesor estaba enamorando a mi hija. No lo podía creer”, afirmó entre lágrimas. Tras recibir esta información, la madre buscó al director del distrito educativo, quien se comprometió a actuar, pero la lentitud de la respuesta generó más descontento en la comunidad.
La indignación llegó al punto de que el viernes 15 de noviembre, los residentes de La Siria se manifestaron en las calles, quemando neumáticos y exigiendo la expulsión de los maestros involucrados. La situación fue tan tensa que las autoridades educativas decidieron suspender las clases presenciales para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes.
“La comunidad está herida y no permitiremos que esto quede impune. Exigimos justicia”, afirmó un miembro de la comunidad que prefirió permanecer en el anonimato. Las autoridades educativas han prometido una investigación exhaustiva y han comenzado a implementar cambios significativos en el plantel, buscando asegurar un entorno seguro para los alumnos.
Mientras tanto, los familiares de la víctima continúan su lucha por la justicia, esperando que se tomen las medidas necesarias para que estos casos de abuso no se repitan, y han solicitado la intervención de organismos de derechos humanos en el caso. La atención mediática ha crecido en torno a este incidente, y numerosos sectores de la sociedad han expresado su apoyo a la joven y su familia, clamando por un cambio en el sistema educativo y por una mayor protección a los menores.
