Donald Trump, aspirante a un nuevo mandato presidencial, ha delineado propuestas que podrían afectar a millones de inmigrantes en Estados Unidos. Entre las medidas prioritarias, se encuentra la revocación del estatus migratorio provisional de 5.8 millones de personas que llegaron al país durante la administración de Joe Biden.
Una de las primeras órdenes ejecutivas bajo la presidencia de Trump estaría enfocada en la deportación de aproximadamente 650,000 inmigrantes con antecedentes criminales. Según declaraciones del zar de la frontera, más de 1.4 millones de personas con órdenes de deportación ya se encuentran en prisión, listas para ser transferidas al sistema de inmigración una vez que cumplan sus sentencias. Estas personas podrían ser recogidas en un plazo de 72 horas tras su liberación.
Pese a las políticas estrictas que se proyectan, expertos en derecho migratorio señalan que la entrada de Trump a la presidencia no implicaría automáticamente la pérdida de derechos para los inmigrantes. Cada caso deberá ser procesado individualmente, lo que podría dejar espacio para apelar o buscar alternativas legales.
El impacto de estas decisiones podría redefinir las dinámicas migratorias del país y plantea un reto tanto para los afectados como para el sistema judicial que deberá manejar una oleada de casos bajo las nuevas directrices.
