El presidente surcoreano Yoon Suk-Yeol, actualmente suspendido de sus funciones, fue arrestado por su presunto intento de imponer una ley marcial el pasado diciembre, según informó el equipo encargado de investigar los hechos.
La medida de arresto llega tras semanas de tensión política en el país, marcadas por denuncias de abuso de poder y violaciones al orden constitucional. Las investigaciones revelan que Yoon habría intentado movilizar a las fuerzas armadas para asumir un control autoritario del gobierno, justificándolo con el pretexto de garantizar la seguridad nacional ante supuestas amenazas internas.
El portavoz de la fiscalía, Park Min-Jae, declaró en una conferencia de prensa: “Hemos encontrado pruebas contundentes que vinculan al presidente suspendido con planes para socavar el sistema democrático del país. Este arresto es un paso necesario para proteger el Estado de derecho en Corea del Sur”.
La detención de Yoon Suk-Yeol ha desatado una fuerte reacción en la opinión pública. Mientras algunos sectores de la población y analistas políticos respaldan la medida como una acción indispensable para preservar la democracia, sus seguidores han salido a las calles para protestar contra lo que consideran una persecución política.
Por su parte, el Parlamento surcoreano ya había aprobado una resolución para suspender a Yoon de sus funciones, designando a un presidente interino mientras se investigan las acusaciones. La comunidad internacional observa con cautela los acontecimientos, dado el impacto que esta crisis podría tener en la estabilidad política y económica de la región.
El arresto del presidente también pone de manifiesto las profundas divisiones en el escenario político surcoreano, así como los desafíos de mantener la gobernabilidad en un contexto de crecientes tensiones internas.
Las autoridades han prometido una investigación transparente y han instado a la ciudadanía a mantener la calma mientras se esclarecen los hechos. Entre tanto, el futuro político de Corea del Sur queda envuelto en incertidumbre.