El Congreso de México se encuentra debatiendo una reforma constitucional que busca prohibir el uso y la comercialización de vapeadores, elevando el tema al rango más alto del sistema jurídico. La propuesta modificaría los artículos 4° y 5° de la Constitución, otorgando al Congreso 90 días para legislar en detalle las sanciones y regulaciones.
¿Por qué llevarlo a la Constitución?
Expertos cuestionan la decisión de incluir esta prohibición en la Carta Magna, argumentando que existen leyes secundarias, como la Ley General de Salud y el Código Penal, que ya regulan sustancias dañinas. Miguel Torres, analista jurídico, señala que esta medida podría buscar blindar la prohibición ante posibles amparos. Sin embargo, advierte que ni las drogas más dañinas están contempladas a este nivel constitucional.
Impacto y comparaciones internacionales
Mientras países como Estados Unidos optan por regular y gravar los cigarrillos electrónicos, México se inclina por un modelo prohibicionista que podría fomentar mercados negros controlados por el crimen organizado. Este enfoque, según Torres, no ha demostrado ser eficaz en otros casos y plantea dudas sobre los beneficios reales para la salud pública y las finanzas del país.
¿Qué sigue?
Con el apoyo mayoritario de Morena y sus aliados, la reforma tiene altas probabilidades de aprobarse. Sin embargo, su implementación dependerá de la legislación secundaria, donde se definirán las sanciones y mecanismos de control, dejando abiertas muchas interrogantes sobre su efectividad y propósito.
