El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue condenado a seis años y tres meses de prisión por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, según informó el martes el Ministerio de Justicia.
La sentencia, dictada la noche del lunes tras siete horas de deliberación por el Tribunal Supremo de Justicia, se centra en la firma de más de un centenar de contratos petroleros que no contaron con la aprobación parlamentaria, como exigía la Constitución vigente en ese momento.
Sánchez de Lozada, quien gobernó Bolivia en dos periodos (1993-1997 y 2002-2003), fue hallado culpable junto a dos exministros y un exviceministro de hidrocarburos, quienes también fueron sentenciados a cinco años de cárcel por su participación en los hechos.
Un caso de larga data
El caso, conocido como “Petrocontratos,” se remonta a una denuncia presentada en 2005, que tras años de investigación llegó a juicio en agosto de 2024. La Constitución boliviana establecía que todos los contratos de hidrocarburos debían ser aprobados por el Congreso, pero los acuerdos firmados durante el Gobierno de Sánchez de Lozada nunca fueron remitidos para su aprobación legislativa.
El expresidente, actualmente de 94 años, reside en Estados Unidos, país al que huyó en 2003 tras renunciar en medio de la crisis social conocida como la “Guerra del Gas”. Este periodo estuvo marcado por protestas masivas que exigían la nacionalización de los recursos energéticos y que dejaron decenas de muertos.
Declaraciones oficiales
El ministro de Justicia boliviano calificó la sentencia como un triunfo para el pueblo boliviano y un acto de justicia para las víctimas de la Guerra del Gas. “Esta condena representa un paso importante en la lucha contra la impunidad y reafirma que nadie está por encima de la ley,” expresó el funcionario.
Por su parte, las víctimas de las protestas de 2003 y organizaciones sociales manifestaron satisfacción con el fallo, aunque recalcaron que todavía queda pendiente la extradición del exmandatario para que cumpla la condena en Bolivia.
La defensa de Sánchez de Lozada no se ha pronunciado sobre la sentencia, pero se espera que presenten recursos legales para impugnar el fallo. Entretanto, la decisión abre un nuevo capítulo en la lucha por justicia y reparación en Bolivia, marcando un hito en el combate contra la corrupción en el país.
