El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, que elabore una ley para restringir el uso de redes sociales por parte de menores de edad, similar a la reciente legislación aprobada en Australia. Durante un podcast dirigido a la juventud venezolana, Maduro enfatizó la necesidad de proteger a los niños y adolescentes de los riesgos que estas plataformas pueden generar.
“Creo que todo esto debe regularse inmediatamente a través de una ley especial. Pido a la Asamblea Nacional que construya un consenso junto al pueblo, con la participación de los jóvenes, para crear una buena ley de protección, como lo hizo Australia”, expresó el mandatario.
Entre las propuestas presentadas por Maduro se encuentra la regulación de plataformas como TikTok y otras redes sociales, el desarrollo de campañas educativas desde los liceos y la creación de un centro en el Ministerio de Educación para denunciar hechos violentos relacionados con el uso de estas plataformas. También llamó a involucrar a madres, padres y representantes en tareas de concienciación para prevenir riesgos.
“Estos jóvenes han crecido en el fenómeno de las redes sociales, que muchas veces pueden ser herramientas de manipulación y envenenamiento. No sabemos quién está detrás ni con qué intenciones”, afirmó Maduro, mientras destacaba la importancia de tomar medidas preventivas.
El presidente también mencionó que la iniciativa será respaldada por un diálogo amplio con la juventud venezolana para garantizar que la legislación esté en sintonía con sus necesidades y preocupaciones. “Haré lo que el movimiento estudiantil ordene hacer”, agregó.
Reacciones mixtas
La propuesta de Maduro ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores aplauden la medida como una acción necesaria para proteger a los menores, otros han manifestado preocupación por el impacto que esta podría tener en la libertad de expresión y el acceso a la información en un país donde las restricciones tecnológicas y comunicacionales han sido ampliamente criticadas.
La Asamblea Nacional deberá debatir el proyecto en los próximos meses, mientras diversos actores sociales evalúan las posibles implicaciones de la iniciativa.
