El Ministerio de Administración Pública, bajo la firma del ministro Sigmund Freund, ha ordenado que todos los directores de gestión humana realicen un levantamiento en 15 días hábiles para verificar que los empleados del estado tengan contratos de servicios de electricidad y agua a su nombre. En caso contrario, deberán identificar a los familiares a nombre de quienes están registrados los contratos.
La circular, numerada 08031, ha sido objeto de críticas no solo por su contenido, sino también por las numerosas faltas ortográficas que presenta. Expertos en derecho constitucional han calificado la medida de inviable y una posible violación a la privacidad de los empleados. Algunos abogados argumentan que esta acción es ridícula y no tiene un propósito claro, cuestionando qué pasará si un empleado tiene un atraso en el pago del servicio o si estos están a nombre de un familiar.
La medida también ha sido criticada por su falta de lógica, dado que las empresas distribuidoras de electricidad y agua son estatales. Según varios críticos, el Ministerio podría simplemente cruzar la base de datos de empleados con la información de estos servicios sin necesidad de realizar un levantamiento manual.
Las reacciones al respecto no se han hecho esperar, y se espera que este tema continúe siendo un punto de discusión en los medios de comunicación y entre la ciudadanía. La pregunta que muchos se hacen es si el gobierno, con esta nueva directriz, está buscando constituirse en un buró de crédito que monitorice la situación financiera de sus empleados.
Con el descontento creciente, queda por ver cómo responderán las autoridades ante las críticas y si esta medida se mantendrá o será retirada.
