En una reciente investigación, la periodista Alicia Ortega ha manifestado una seria preocupación por el millonario gasto en alquileres del Gobierno, específicamente a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de Información y Comunicación (OGTIC), que en los últimos dos años ha firmado seis contratos de arrendamiento que suman más de 2,700 millones de pesos. Estos contratos incluyen alquileres para las oficinas principales de OGTIC y los denominados “Puntos GOB”, ubicados en centros comerciales, con el objetivo de centralizar servicios gubernamentales y facilitar trámites para la ciudadanía.
Ortega destacó el elevado costo de los arrendamientos, que oscilan entre los 140 millones de pesos en Santiago y los 309 millones en Santo Domingo Norte, para espacios que van desde los 1,000 hasta los 1,500 metros cuadrados. En total, estos alquileres representan una erogación de más de 10 mil millones de pesos del presupuesto estatal. “¿Saben ustedes cuánto se podría construir con esa cifra?”, cuestionó Ortega, quien advirtió que, tras finalizar los contratos, el Estado queda sin una estructura propia y sin alternativas de inversión en infraestructura pública de largo plazo.
Por su parte, el director de OGTIC, Bartolomé Pujals, defendió la estrategia, argumentando que los Puntos GOB funcionan bajo contratos “llave en mano” a cinco años, con un costo anual entre 50 y 60 millones de pesos, o alrededor de un millón de dólares. Agregó que el 6% del monto lo pagan las instituciones que operan en dichos espacios, lo que cubre alquiler, adecuación, equipamiento y mantenimiento. Sin embargo, Ortega refutó que “sigue siendo dinero del erario”, recordando que son fondos públicos provenientes de los impuestos de la ciudadanía que podrían dirigirse a inversiones permanentes en lugar de gastar cada cinco años en nuevos contratos de alquiler.
La periodista calificó la situación como “la danza de los millones” y pidió que, en un contexto de austeridad exigida a la población, el Estado cuide mejor sus recursos para evitar gastos desproporcionados en arrendamientos temporales.
