El tema surge a raíz de las declaraciones del comunicador Francisco Tavárez, quien cuestionó la reciente firma de un contrato de alquiler por 1,400 millones de pesos, afirmando que tal cifra es desproporcionada y podría emplearse en construir edificios propios para el Estado, evitando gastos recurrentes. El comunicador señala directamente a Bartolomé Pujals, quien anteriormente ganó visibilidad por su activismo en la Plaza de la Bandera, en un movimiento de rechazo a la corrupción y defensa de los derechos ciudadanos. Sin embargo, en su rol actual, Pujals parece enfrentar acusaciones que cuestionan su consistencia con esos ideales, pues este contrato millonario de alquiler contrasta con su postura pública de transparencia y responsabilidad.