República Dominicana enfrenta una crisis de apuestas ilegales en la que figuran más de 75,000 bancas de lotería y apuestas deportivas, de las cuales una gran parte operan fuera de la ley, perjudicando tanto a competidores como al fisco. Según informes recientes, varios legisladores estarían involucrados en la administración de bancas no autorizadas, un negocio que, según, evade impuestos y afecta las arcas del Estado, privándolo de hasta 80 millones de pesos anuales.

Las denuncias alcanzan a los legisladores Juan Carlos Echavarría, del Partido de la Liberación Dominicana, y Eduardo Espíritu Santo Castillo, de la Fuerza del Pueblo. Estos congresistas habrían gestionado cientos de bancas sin permisos legales, lo cual genera suspicacias y dudas respecto a la transparencia de sus cargos. La revelación se suma a las acusaciones de dueños de bancas legalmente establecidas, quienes aseguran que estas apuestas ilegales constituyen competencia desleal y que el país sufre una “bancada de banqueros” en el Congreso Nacional.

Además, se destaca el señalamiento al procurador adjunto Fernando Quesada, a quien se acusa supuestamente de permitir el funcionamiento de estas bancas ilegales sin tomar medidas, generando un entramado de corrupción que involucra tanto a los negocios ilegales como a las instituciones reguladoras.

“Es inadmisible que las propias figuras que hacen y ejecutan las leyes se encuentren violándolas”, señaló un portavoz de la Asociación de Dueños de Bancas.