Por su parte, el senador Eduardo Alexis Espiritusanto Castillo, representante de La Romana, mantiene operativas más de 515 bancas ilegales, lo que implica una pérdida al Gobierno de cerca de RD$3,000,000 mensuales, o RD$36,000,000 anuales.

José Castillo, representante legal de los dueños de bancas de loterías, denunció que ambos legisladores cuentan con el respaldo de un procurador adjunto. “El Gobierno pretende colocar más impuestos a la banca, que deben pagar por mandato de la ley, pero esos impuestos no llegan al Gobierno debido a la complicidad del Ministerio de Hacienda y de las autoridades que deben fiscalizar estos juegos de azar”, afirmó Castillo.

El abogado destacó la división en el sector, donde más de 36,000 bancas operan de forma regular y donde alrededor de 2,800 propietarios han estado cumpliendo con sus obligaciones fiscales desde 1999. Sin embargo, señaló que algunos de estos últimos no han podido seguir pagando debido al desorden y las ventajas que se otorgan a los grandes operadores.

Castillo hizo un llamado al Gobierno para que regule el sector y permita operar solo a quienes cuenten con los permisos del Ministerio de Hacienda. “Nosotros emplazamos al Ministro de Hacienda, Jochi Vicente, a que explique por qué existe esta complicidad con los ‘tutumpotes’ de los juegos de azar”, dijo, cuestionando cómo más de cien mil puntos de venta pueden operar sin control de las autoridades.