La periodista Altagracia Salazar emitió duras críticas tras los recientes acontecimientos que involucran tanto a los implicados en el asalto al Banco de Reservas como a figuras del caso Coral y la Operación Medusa. Según Salazar, estos hechos reflejan la disparidad y falta de coherencia en la manera en que actúa el sistema de justicia dominicano.
Salazar señaló que la policía mató ayer a dos sospechosos del asalto al Banco de Reservas, donde se robaron aproximadamente seis millones de pesos en mayo de este año. En tan solo cuatro meses, según la periodista, las autoridades “investigaron, juzgaron, condenaron y aplicaron la pena de muerte a los asaltantes”. Esta acción, según Salazar, cierra el caso de manera contundente, pero plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos y el debido proceso.
En contraste, el mismo día, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional varió la medida de prisión preventiva contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal acusado en la Operación Coral, un caso que implica un fraude al erario por más de 4,500 millones de pesos. El juicio contra los implicados continuará el 26 de septiembre, tras más de tres años de litigio.
Para Salazar, estos dos hechos que ocurrieron el mismo día son un claro ejemplo de cómo el sistema judicial opera de manera desigual. Mientras algunos sospechosos son ejecutados sin juicio, otros vinculados a fraudes millonarios reciben un trato más benévolo. “Si va a robar, robe mucho”, comentó con ironía la periodista, refiriéndose a la disparidad entre el tratamiento de delitos de alto impacto y los casos de corrupción.
Además, criticó la liberación de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, implicados en el caso de sobornos de Odebrecht, a pesar de que la empresa admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país. El Ministerio Público apeló esta sentencia el pasado viernes, mientras los abogados de los acusados denunciaron una persecución.
Salazar también destacó la Operación Medusa, que implica un fraude de seis mil millones de pesos, y cuyo juicio preliminar ha sido pospuesto 94 veces. Según la periodista, esto evidencia que, para algunos, el sistema se toma su tiempo y respeta los derechos, en contraste con otros casos donde se actúa rápidamente y sin las debidas garantías.
Por último, la periodista cuestionó la falta de transparencia en el gobierno actual en relación con el contrato de Transcore para la instalación de semáforos y el concurso del pasaporte electrónico. Según ella, estos casos muestran que el gobierno, que se presenta como promotor de pactos éticos, “ha perdido la ‘s’ de transparencia”. Salazar advirtió que, si estos procesos no se manejan con claridad, el discurso gubernamental “se irá al suelo”, y sugirió que la indignación pública podría llevar nuevamente a manifestaciones en las calles.
