El programa gubernamental de protección social Supérate anunció que 57 beneficiarios y beneficiarias de sus subsidios han sido sancionados de manera temporal por haber cedido sus tarjetas de pago a Brayan Eduardo Lorenzo, quien está imputado por violación a las disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y por estafa contra el Estado dominicano, según el artículo 405 del Código Penal. Este caso, ocurrido en agosto pasado, también afecta a la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), en perjuicio del Estado.
En un comunicado de prensa, Supérate precisó que la sanción, que tiene una duración de cuatro meses, está basada en la tabla 14 de su Manual Operativo. Este documento establece las suspensiones aplicables en casos donde los beneficiarios ceden o venden sus medios de pago, como ocurrió en este incidente.
El Manual Operativo de Supérate también contempla sanciones para hogares que incumplan con las acciones de corresponsabilidad en los servicios de salud y educación. En esos casos, se suspende el pago de las transferencias monetarias condicionadas del programa Aliméntate por cuatro meses consecutivos si se incumplen los servicios de salud, y del programa Avanza y Aprende si se incumplen los servicios de educación a nivel primario o secundario.
La dirección general de Supérate confirmó que las 57 tarjetas fueron cedidas por sus titulares, lo que constituye una violación a los reglamentos del programa. “Por eso estamos imponiendo esta penalidad temporal”, señaló la dirección en su comunicado.
Supérate también informó que, a través del componente Familias en Paz, estas 57 familias serán acompañadas y evaluadas. “Este proceso nos permitirá determinar las razones que llevaron a estos jefes y jefas de hogar a ceder sus medios de pago. La medida es un ejercicio correctivo, es decir, implica una reeducación de los y las beneficiarias”, añadió el comunicado.
El programa gubernamental reiteró el llamado a los beneficiarios y beneficiarias de sus subsidios a evitar estas prácticas, subrayando la importancia de cumplir con los reglamentos establecidos.
En relación con el caso judicial, el pasado 18 de agosto de 2024, el Tercer Juzgado de Instrucción de San Cristóbal impuso medidas de coerción contra Brayan Eduardo Lorenzo, consistentes en el pago de una garantía económica de 10,000 pesos y la presentación periódica ante las autoridades, acogiendo parcialmente la solicitud del Ministerio Público.
