Legisladores han salido al frente de los recientes pronunciamientos de Amnistía Internacional, que han expresado la esperanza de que el próximo mandato presidencial detenga las supuestas deportaciones racistas en el país. La organización internacional ha planteado preocupaciones sobre la implementación de políticas migratorias que, según ellos, podrían ser discriminatorias.
Los legisladores han manifestado su desacuerdo con estas acusaciones, afirmando que las políticas migratorias del país están alineadas con el respeto a los derechos humanos y la legalidad. En respuesta a las declaraciones de Amnistía Internacional, han subrayado el compromiso del gobierno con la protección de todos los ciudadanos y extranjeros, y han enfatizado que las deportaciones se llevan a cabo de acuerdo con la ley y los procedimientos establecidos.
El debate ha generado una serie de reacciones tanto a nivel gubernamental como en la sociedad civil, con la expectativa de que el próximo mandato presidencial aborde las inquietudes planteadas por la organización y reafirme el compromiso del país con los principios de justicia y equidad en la gestión migratoria.
