En un giro escalofriante, el caso del pastor evangélico Joan Castillo continúa generando indignación nacional. A pesar de las acusaciones contundentes en su contra por abuso sexual infantil, Castillo permanece en libertad bajo fianza. Las acusaciones detallan un historial de abusos que comenzaron hace décadas, afectando a múltiples niñas, algunas desde la tierna edad de 8 años.
El escándalo ha puesto bajo el reflector no solo a Castillo, sino también a las autoridades y líderes religiosos implicados. Críticas contundentes han surgido hacia el Ministerio Público por no imponer prisión preventiva, a pesar de la presión creciente de la opinión pública y de organizaciones de derechos humanos.
En un intento por calmar la furia social, figuras prominentes como el pastor Ezequiel Molina han emitido declaraciones condenando los actos de Castillo. Sin embargo, la eficacia de estas palabras ha sido cuestionada, dado que las estructuras legales y de gobierno dentro de las iglesias evangélicas dominicanas parecen ser insuficientes para abordar este tipo de casos.
Las reacciones en redes sociales y medios de comunicación han sido intensas, exigiendo no solo justicia para las víctimas, sino también una reforma integral en cómo se manejan estos casos dentro de las instituciones religiosas del país.
La comunidad espera acciones concretas por parte de las autoridades y una verdadera protección para las víctimas, quienes enfrentan un largo camino de sanación y justicia. Mientras tanto, el debate sobre la regulación y supervisión de las iglesias independientes en República Dominicana continúa en aumento, con llamados a una mayor transparencia y responsabilidad.
Este caso ha sacudido los cimientos del mundo evangélico en el país caribeño, poniendo de relieve la necesidad urgente de medidas que prevengan y castiguen severamente los abusos en todas sus formas.
