La periodista Altagracia Salazar sorprendió a la audiencia al revelar detalles del contrato civil entre Luis Manuel Domínguez, conocido como Ranfis Trujillo, y Roque Espaillat, alias “El cobrador”. Salazar comentó que desde la noche anterior estuvo analizando el documento, llegando a la conclusión de que “todo es posible cuando la política se convierte en un negocio aparentemente rentable”.
El contrato, que según Salazar viola la confidencialidad al hacerse público, establece que el partido de Domínguez Trujillo deberá reembolsar a Espaillat la inversión realizada en la campaña electoral en caso de obtener entre el 1% y el 5% de los votos. Espaillat logró obtener un 1.36%, lo que probablemente signifique que esté cobrando una suma indeterminada.
Con un límite de 750 mil dólares, equivalente a 45 millones de pesos dominicanos, el contrato estipula que este monto deberá ser reembolsado por el Partido Esperanza Democrática al señor Espaillat, utilizando los fondos proporcionados por la Junta Central Electoral.
El documento detalla que Espaillat debe enviar un requerimiento de pago por escrito, adjuntando las facturas de gastos, contratos de asesores y otros documentos relevantes para respaldar sus reclamaciones.
El contrato establece también una inversión mínima de 200 mil dólares por parte de Espaillat, con un tope de gastos de 4 millones de dólares para cualquier necesidad de la campaña. En caso de que el partido logre obtener más del 5% del electorado, se espera que el dinero invertido sea devuelto.
Salazar sugirió que la reacción del nietísimo, refiriéndose a Domínguez Trujillo, denunciando este acuerdo podría deberse a que el contrato, según los términos establecidos, indica que Espaillat recibirá el pago por haber obtenido el 1.36% de los votos, lo que confirma un “negocio de lícito comercio”.
Este revelador contrato arroja luz sobre los entresijos de la política y los acuerdos comerciales que la rodean, planteando preguntas sobre la transparencia y la ética en el financiamiento de las campañas electorales.
