El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha modificado las medidas cautelares impuestas a cuatro imputados en el caso Gavilán, donde se les acusa de eliminar y alterar antecedentes penales de aproximadamente 17 mil personas.
Familiares de Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán y Alfredo Astacio Polanco han reaccionado ante esta decisión judicial. Los sospechosos llevaban nueve meses en prisión preventiva.
El tribunal ha sustituido la prisión preventiva por medidas menos restrictivas, como impedimento de salida, arresto domiciliario y el pago de una garantía económica.
El juez Deiby Timoteo Peguero tomó esta decisión al aceptar la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público. Esto permitirá la finalización del proceso de recolección de pruebas y la formalización de las acusaciones.
Recordemos que en la operación Gavilán, el Ministerio Público desmanteló una red compuesta por 12 ex empleados de la Procuraduría General de la República, quienes presuntamente se dedicaban a eliminar antecedentes penales.
Operación Gavilán
En una operación denominada “Operación Gavilán” llevada a cabo por el Ministerio Público durante, se descubrió una red criminal compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías.
Según datos, al igual que otras, durante años esta red ha estado involucrada en la eliminación de miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
En total, 12 personas fueron arrestadas en los allanamientos, entre ellos un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República, así como un expolicía. Los allanamientos se realizaron en diferentes áreas, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís. La red se dedicaba a borrar antecedentes penales relacionados con delitos graves, como narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales. El equipo de investigación está analizando el caso y varios fiscales están bajo investigación. En los próximos días, se espera que se soliciten medidas de coerción en su contra, sometiéndolos a un proceso judicial especializado que se ajuste a las circunstancias de este escándalo.
