El Ministerio Público ha solicitado este viernes una condena de 10 años de prisión para la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de poseer un patrimonio derivado del lavado de activos provenientes del narcotráfico. La solicitud fue presentada ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Los fiscales pidieron que la diputada cumpla su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, ubicado en Santiago. Además, el Ministerio Público solicitó una multa equivalente a 400 salarios mínimos y el decomiso de todos los bienes de Pilarte a favor del Estado dominicano.
La Defensa Rechaza las Acusaciones
En respuesta, los abogados de la diputada Pilarte calificaron el discurso del Ministerio Público como “muy bonito” pero sin fundamentos suficientes para sustentar la condena solicitada. Luis Félix, uno de los abogados defensores, argumentó que los fiscales no han demostrado que el patrimonio de su clienta proviene del lavado de activos.
“Tener dinero no es un ilícito, y es el Ministerio Público quien tiene que probar que el dinero viene de un ilícito. Yo no tengo que probar de dónde viene mi dinero, y esa es la base de la acusación del Ministerio Público, que ella no ganó el dinero de forma lícita. Ahora, dime, ¿de qué ilícito penal ella lo sacó para que tú la condenes o sanciones? No hay posibilidades,” puntualizó Félix.
Más detalle del caso
Rosa Amalia Pilarte, una exdiputada, ha estado bajo la lupa desde 2020, cuando se iniciaron las investigaciones en su contra. La acusación de lavado de activos ha sido un tema de gran controversia, generando debate sobre la legalidad y ética del patrimonio de la diputada.
Pilarte ha defendido su inocencia, afirmando que su fortuna es el resultado de años de trabajo arduo y honesto junto a su esposo en diversos negocios, incluido el sector avícola y la industria de préstamos e hipotecas.
Hasta entonces, el tribunal deberá evaluar las pruebas y argumentos presentados por ambas partes antes de emitir un veredicto. La decisión de los jueces será crucial para el futuro político y personal de Rosa Amalia Pilarte, así como para la percepción pública de la justicia en casos de corrupción y lavado de activos en la República Dominicana.
