En su encuentro La Semanal, con la prensa en San Francisco de Macorís, el presidente Luis Abinader, aclaró que no estuvo involucrado en la elaboración de la Ley 01-24, que dio origen a la recientemente creada Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La ley ha sido objeto de críticas desde su aprobación en el Congreso Nacional.
El mandatario destacó que la legislación fue concebida en consenso con todos los partidos de oposición, enfatizando que se logró un acuerdo y aprobación de todos los sectores consultados. “Todos los sectores aprobaron el texto legislativo que ahora está vigente”, afirmó Abinader durante el encuentro.
“Esa ley fue una orden de la Constitución del 2010, donde decía que tenía que crearse el sistema nacional de inteligencia. Habían cuatro proyectos de ley, de cuatro congresistas, tres de ellos de la oposición, que lo tenían discutiendo en el Congreso; se fusionaron los cuatro y salió esta ley donde quien les habla, no se involucró en lo más mínimo porque yo quería que salga de todos los sectores”, indicó Abinader.
Abinader subrayó que los “voceros más fervientes” de la ley fueron precisamente representantes de la oposición que hoy la critican. “Ahí hay uno que dijo que eso era una necesidad nacional y ya está depositando un proyecto en contra de la ley”, exclamó el presidente, señalando la aparente contradicción en las posturas de algunos líderes opositores.
La Ley 01-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, ha sido objeto de intensos debates y controversias desde su aprobación.
Ley del DNI
El Senado de la República aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado.
Entre las atribuciones que tendrá el DNI, está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
La pieza legislativa establece como atribución de la entidad recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación; así como evaluar amenazas, tanto internas como externas.
La sociedad dominicana de Diarios ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta ley, en contra de lo estipulado por la ley 6132, obligue a los periodistas a revelar sus fuentes, poniendo en peligro el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
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