En la cruda realidad de la sociedad dominicana, hay acontecimientos que pasan desapercibidos, simplemente porque la mayoría adopta la actitud de “a mí no me va a pasar”. Esto dificulta la defensa de los derechos colectivos para aquellos que, como Altagracia Salazar, insisten en señalar las incongruencias de nuestra sociedad.
Al cuestionar la ejecución sumaria como respuesta a la delincuencia, Salazar se enfrenta a una avalancha de críticas, donde muchos parecen ignorar el hecho de que la indiferencia se vuelve aún más palpable cuando las víctimas pertenecen a sectores marginados.
La falta de preocupación por prácticas arraigadas, como la prisión preventiva, ha sido evidente durante décadas. Incluso figuras de renombre, como Jean Alain Rodriguez, ex procurador general, no hicieron eco de esta problemática mientras estuvieron en el poder, priorizando la construcción de cárceles en lugar de abordar la situación de los reclusos preventivos.
La narrativa cambia cuando personalidades notables como José Ramón Peralta y Donald Guerrero enfrentan la prisión preventiva, desencadenando una lucha legal de 200 días. Curiosamente, esto ha despertado el interés de legisladores que, aunque han ignorado el tema, ahora expresan su desacuerdo con la prisión preventiva, coincidiendo extrañamente con la detención de Peralta y Guerrero.
La escena habitual en los tribunales, donde madres esperan con ansias justicia para sus hijos, culpables o inocentes, se vuelve más evidente. Los gritos desgarradores de los reclusos y sus familiares, que solían caer en oídos sordos, ahora toman un matiz diferente. En un giro inesperado, Altagracia Salazar, como portavoz de esta realidad, plantea preguntas incisivas sobre el destino, a quién dirigirse y cómo recuperar la libertad. Estas preguntas, tan comunes en la vida diaria, resuenan con una fuerza inusitada en la primera plana, gracias a la voz de Salazar.
