La decisión del juez especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, se tomó con el propósito de permitir al Ministerio Público entregar las pruebas necesarias a la defensa de la legisladora en un plazo de cinco días.

Esta solicitud de plazo fue realizada por la defensa para garantizar un acceso adecuado a las pruebas, ya que algunas de ellas presentaban dificultades en su apertura en los dispositivos. En consecuencia, se otorgó este período para que el Ministerio Público organizara las pruebas junto con la secretaría, permitiendo así que la defensa tuviera el tiempo necesario para preparar su estrategia.

Después de salir de la sala de audiencia, la diputada Rosa Amalia Pilarte anunció su retiro de la vida política y reafirmó su inocencia. Sin embargo, destacó que este proceso no es un asunto individual, sino que involucra a varios procesos judiciales. Aquellos que deseen conocer más sobre su caso pueden preguntar en los distintos parajes, campos y barrios de La Vega, donde su nombre es ampliamente reconocido.

El Ministerio Público, por su parte, aseguró contar con casi cinco mil pruebas que respaldan la acusación penal contra la legisladora. Estas pruebas, según la fiscalía, incluyen indicios y evidencias que comprometen la responsabilidad penal de la acusada y otros diputados con privilegio de jurisdicción. La investigación continúa avanzando y se espera que los indicios eventualmente se traduzcan en acusaciones formales.

La próxima audiencia está programada para el 2 de octubre en la Suprema Corte de Justicia, donde jueces, abogados y la legisladora volverán a enfrentarse en este proceso legal.