En una reciente declaración, Julio Martínez expresó su preocupación por la forma en que se están manejando las cosas a partir de lo que se supone debería ser un Ministerio Público independiente. Martínez destacó un contraste evidente en el tratamiento de casos similares que han ocurrido recientemente en el país.
Hizo referencia a un incidente en el que la directora municipal de Guayabal, Fiordenista Tavárez, agredió a un policía en un destacamento policial. A pesar de esta agresión a la institución policial, Tavárez no fue apresada ni sometida a la justicia.
En cambio, ella pudo resolver el asunto a través de una audiencia de conciliación y ofrecer disculpas al policía afectado. Julio Martínez destacó que esta situación se resolvió de manera favorable para Tavárez, lo que plantea interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia.
En contraste, Martínez mencionó el caso del cubano Julio César Llorente López, quien enfrenta una medida de coerción por agredir a un agente de tránsito. Señaló que esta medida de coerción parece ser más severa que la sanción a la que Llorente López podría estar expuesto si fuera declarado culpable.
Martínez cuestionó por qué existe una disparidad en la forma en que se manejan casos similares y planteó la preocupación de que la prisión preventiva se esté utilizando como una pena anticipada antes de que los acusados sean declarados culpables.
Resaltó que esta disparidad plantea dudas sobre la imparcialidad y la independencia del sistema de justicia, y sugirió que debería existir un estándar uniforme y justo en el tratamiento de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad o género.
También mencionó otros casos en los que se percibe un sesgo en la actuación del Ministerio Público, como el blindaje a un funcionario acusado de acoso sexual por dos abogadas. Martínez concluyó que es necesario abordar estas preocupaciones para garantizar la igualdad y la justicia en el sistema legal del país.
