Dentro del marco de la operación FM, el Ministerio Público ha sacado a la luz una intrincada red de conexiones entre la familia López Pilarte y diversas organizaciones presuntamente criminales. Esta exhaustiva investigación, dirigida por el Ministerio Público como parte de su compromiso contra el crimen, ha arrojado luz sobre una red de vínculos interconectados entre los acusados. Entre ellos se encuentran figuras notorias como Mickey López, José Alejandro de la Cruz Morales, alias “Omar la Moña”, y Humberto Concepción Andrade, conocido como “Alex Careta”, todos supuestamente involucrados en actividades delictivas.
Las pesquisas realizadas por el Ministerio Público han desentrañado que Juan Gabriel Pérez Tejada, también conocido como “El Gordo”, junto con miembros de su familia, han establecido relaciones con múltiples organizaciones criminales. Entre las figuras involucradas destaca Rosa Amalia Pilarte, diputada y miembro de la familia López Pilarte, cuyas transacciones financieras han sido objeto de intenso escrutinio por parte de las autoridades. Discrepancias significativas entre sus ingresos declarados y su estilo de vida ostentoso han generado sospechas sobre la procedencia de los fondos utilizados para financiar su lujoso modo de vida.
La operación FM ha descubierto vínculos directos entre Juan Gabriel Pérez Tejada y Mickey Arturo López Pilar, respaldados por documentos financieros que indican transacciones financieras sospechosas. Estas transferencias y préstamos plantean serias interrogantes sobre la posible complicidad de Pérez Tejada en actividades delictivas presuntamente lideradas por Mickey López.
Uno de los enfoques cruciales de la investigación se centra en las transacciones inmobiliarias de la familia López Pilarte. Se ha detectado que miembros de la familia, incluyendo a Amalia Pilarte, han adquirido propiedades y participado en transferencias de bienes a través de diversas entidades empresariales. El Ministerio Público resalta que existen diferencias sustanciales entre los montos declarados en estas transacciones y los valores estimados por las autoridades, planteando dudas sobre la legalidad y congruencia de dichas operaciones.
