Un estudio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) reveló que 706 mujeres fueron ultimadas en República Dominicana entre 2016 y 2024, cifras que especialistas califican como “alarmantes” y reflejo de una sociedad marcada por altos niveles de violencia.
La investigación, titulada “Feminicidios en República Dominicana: Radiografía de la violencia feminicida 2016-2024”, detalla que solo en 2023 ocurrieron 73 feminicidios, en su mayoría de índole íntima. Para expertos consultados, la problemática constituye uno de los mayores retos para las autoridades y exige una respuesta integral del Estado y de la sociedad.
“Estamos hablando de casi 800 mujeres en ese periodo. Es un problema serio que el país tiene que afrontar”, señaló una de las investigadoras responsables del informe, recordando que los feminicidios son “una manifestación más de la violencia que impera en la sociedad dominicana”.
Los especialistas explican que las causas son multifactoriales, pero coinciden en que todas tienen como raíz la violencia machista: mujeres que decidieron terminar una relación, que no aceptaron vivir bajo el control de un hombre, o que intentaban salir de dinámicas tóxicas de agresión. Además, señalan que factores como el alcoholismo y la drogadicción están presentes en numerosos casos, especialmente durante los momentos en que se producen los ataques.
La investigación también revela una de las consecuencias más dolorosas: 1,072 niños quedaron huérfanos por estos crímenes durante el periodo analizado, lo que equivale a 132 menores cada año. Muchos de ellos presenciaron los hechos, lo que incrementa el riesgo de que desarrollen patrones disfuncionales en sus relaciones futuras debido al trauma vivido.
En cuanto a los métodos utilizados para cometer los feminicidios, el estudio indica que 289 mujeres fueron asesinadas con armas blancas, mientras que 261 murieron por armas de fuego. Ambos tipos de armas predominan en los feminicidios íntimos, aquellos cometidos por parejas o exparejas.
El informe concluye que la persistencia de estos hechos exige políticas públicas más efectivas, así como programas de educación, prevención y protección que logren transformar una realidad que continúa cobrando vidas de mujeres y afectando a miles de familias en todo el país.
