En un reportaje estremecedor transmitido por El Informe con Alicia Ortega, se dieron a conocer múltiples acusaciones de acoso sexual, abuso de poder y maltrato psicológico contra el fiscal titular de Samaná, Robert Justo Bobadilla. Empleadas, ex-empleadas, usuarias del sistema y hasta una imputada afirmaron haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte del funcionario. Los relatos, que incluyen testimonios bajo declaración jurada, describen episodios de violencia física, coerción sexual, amenazas y represalias laborales, todos dentro del entorno de la fiscalía.
Las mujeres narraron incidentes que van desde besos forzados y tocamientos hasta intentos de violación y masturbaciones en espacios cerrados. Algunas aseguran que fueron trasladadas arbitrariamente sin viáticos y otras afirman que eran chantajeadas con incentivos laborales a cambio de favores sexuales. Una de las víctimas aseguró que fue atacada mientras pedía protección ante una amenaza de muerte. “Es un violador, un enfermo”, declaró una de las querellantes. Mientras tanto, el fiscal Bobadilla se defendió ante las cámaras negando las acusaciones y afirmando no haber sido notificado oficialmente, aunque luego admitió conocer detalles de los expedientes.
Ante la gravedad del caso, el fiscal solicitó una licencia durante una reunión del Consejo Superior del Ministerio Público para preparar su defensa. La Inspectoría General de la Procuraduría ya inició una investigación formal. Este escándalo no solo expone una presunta conducta criminal dentro del sistema judicial, sino también la complicidad de otros funcionarios que habrían protegido al acusado. La sociedad dominicana observa con atención lo que podría convertirse en un caso emblemático de impunidad o, por el contrario, en un precedente contundente contra el abuso institucional.
